El Salvador es el país más vulnerable del mundo. Según la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC), el 87% del territorio nacional es zona de riesgo, y 95 de cada 100 personas corren peligro de sufrir algún desastre; y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que el 90% de los afluentes del país están contaminados, y sólo del 11% puede potabilizarse el agua para consumo humano.
A esto se suman la desertificación, cambio climático, construcción de represas, peligro de la minería, contaminación del aire y demás problemas que demuestran el grave deterioro ambiental del país, consecuencia de veinte años de políticas neoliberales impuestas por los gobiernos anteriores.
Sin embargo, el “gobierno del cambio” no impulsa una política ambiental sustentable, distinta a las medidas anti ecológicas de sus antecesores. De igual manera, la Asamblea Legislativa se niega a aprobar leyes de agua, de ordenamiento territorial, de prohibición de la explotación minera, etc.; y la Corte Suprema de Justicia aún no aprueba los tribunales ambientales para enjuiciar a los depredadores del ecosistema.
La Política Ambiental Sustentable, planteada desde el Movimiento Nacional Ambiental, incluye reducir las vulnerabilidades socio ambientales, prohibir la minería, no construir más represas, descontaminar los ríos y quebradas, tratar adecuadamente los desechos, enfrentar el cambio climático y otras medidas urgentes tendientes salvar el planeta y garantizar la continuidad de la vida.
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